La Modificación de las Tasas Judiciales y más

El Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. (BOE 23 de febrero de 2013), supone la introducción de modificaciones en las siguientes Normas:

1.- En la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.:

  • se incorpora una nueva exención para la ejecución de los laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.
  • Dentro de la regulación de la determinación de la cuota tributaria de la tasa se introduce una escala específica para las personas naturales, con un tipo menor que el general, que se reservaría para las personas jurídicas.
  • se limita, desde el punto de vista de su cuantía, la aplicación de la tasa en el orden contencioso-administrativo cuando el recurso se interponga contra resoluciones sancionadoras, impidiendo que la tasa supere el 50 por ciento del importe económico de la misma.
  • se aplicará la nueva cuantía desde el principio, pero el desembolso de la tasa no se efectuará hasta que entre en vigor la Orden de Hacienda con los nuevos formularios. A partir de ese momento se da un plazo de 15 días hábiles para liquidar todas aquellas que estén pendientes.

2.- En la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996:

  • se definen los supuestos que permiten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, estableciendo una casuística más amplia que la existente hasta ahora y se elevan los umbrales vigentes.
  • se sustituye la referencia al salario mínimo interprofesional por la del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) a fin de mejorar las cuantías determinantes del umbral por debajo del cual se reconoce el derecho.

3.- Se modifica el artículo correspondiente al pago de las costas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para evitar que en un proceso de ejecución de una hipoteca constituida para la adquisición de una vivienda habitual, se incluya entre los conceptos de las costas procesales que debe abonar el ejecutado, el de la tasa pagada por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, extendiéndose la misma exclusión al avalista.

4.- En la Ley de Enjuiciamiento Criminal se introduce un régimen flexible que facilite la rápida destrucción de las drogas tóxicas, estupefacientes y de las sustancias psicotrópicas intervenidas en los procesos penales, una vez realizados los informes analíticos pertinentes y asegurada la conservación de muestras suficientes para garantizar ulteriores comprobaciones

Asimismo, y entre otros, incluye:

-          La disposición adicional que viene a regularizar la situación creada en relación con el abono de las cuotas de derechos pasivos y de las cotizaciones a las respectivas mutualidades de funcionarios tras la supresión de la paga extraordinaria y la paga adicional o equivalente del complemento específico del personal del sector público y de los altos cargos, del mes de diciembre de 2012.

-          Otra de las disposiciones finales se refiere al régimen especial de aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a los contratos de arrendamiento previstos en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.

-          La reforma del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias. Asi, y a los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias (únicamente será de aplicación excepcional en los ejercicios sociales que se cierren en el año 2013).

El Plan PIVE-2

El Plan PIVE (al que ya nos referimos aquí) tenía como objetivo sustituir 75.000 vehículos antiguos con las mismas unidades de vehículos nuevos o con menos de un año de antigüedad, agotándose sus fondos en tan solo 3 meses de operación, lo que indica la excelente acogida de la iniciativa.

El 1 de febrero de 2013, se publica en el BOE la  Resolución de 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la de 30 de enero de 2013, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)» Sigue leyendo