El lunes, 28 de marzo de 2016, se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la aprobación del Anexo VI de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Avilés (OMT). Sigue leyendo
La Sentencia del Tribunal Supremo (TS) nº 221/2016, de 16 de marzo de 2016, se suma a la reciente Sentencia 154/2016, de 29 de febrero, perfilando y delimitando la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sigue leyendo
La Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el 3 de marzo de 2016, sobre el uso de cámaras de videovigilancia en la empresa, tiene su origen en la instalación por parte de una empresa de una cámara de videovigilancia en la tienda en la que trabajaba la recurrente en amparo. La instalación de la cámara se llevó a cabo sin previa comunicación a los trabajadores, aunque se colocó el distintivo informativo en un lugar visible del escaparate. La trabajadora recurrente fue despedida días después por haber sustraído efectivo de la caja de la tienda en varias ocasiones. Sigue leyendo
La Comisión Europea publicó el 29 de febrero de 2016 los textos jurídicos que establecerán el Escudo de la privacidad UE-EE UU. Sigue leyendo
La Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, se publicó en el DOUE del 11 de marzo y entrará en vigor a los 20 días de su publicación. Si bien, los Estados miembros tienen hasta el 1 de abril de 2018 para transponerla a sus derechos internos. Sigue leyendo
El 1 de marzo se publicó en el BOE la Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS) de fecha 23 de febrero de 2016. Y, que entró en vigor el 7 de marzo. Sigue leyendo
La importancia de la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016 radica en el examen que el Tribunal realiza, no solo de la responsabilidad penal de las personas físicas en calidad de administradores de hecho y de derecho, sino también de las propias personas jurídicas bajo cuyo amparo se han cometido una serie de ilícitos. Comienza señalando el Tribunal Supremo que en el supuesto enjuiciado se cumplen los dos primeros requisitos del artículo 31 bis del Código Penal (en adelante, CP), esto es: la comisión de uno de los delitos susceptibles de generar responsabilidad penal para la persona jurídica, como es el delito contra la salud pública (artículo 369 bis del CP); y que las personas físicas autoras del delito son administradores de derecho y de hecho de la persona jurídica. El Tribunal subraya, no obstante, que la persona jurídica goza de los mismos derechos y garantías constitucionales que asistirían a la persona física, como la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia o al Juez legalmente predeterminado, entre otros.