Caso Volkswagen: primera sentencia que reconoce indemnización al propietario del vehículo

La sentencia 291/2016, de 25 de octubre, del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Valladolid falla por primera vez a favor del propietario de un vehículo Volkswagen afectado por el fraude de las emisiones. La sentencia sostiene que la omisión de la información es un engaño que vulnera el principio de buena fe contractual, señalando que el fabricante puso en peligro la salud pública y provocó un importante impacto ecológico.

El demandante solicita la sustitución de su Audi por otro de iguales características u otro de categoría superior, en virtud de lo dispuesto en la normativa de defensa de los consumidores y usuarios. Subsidiariamente, amparándose en el artículo 121 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), solicita la rescisión del contrato, que conllevaría la devolución del dinero y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. De otra parte, Volkswagen sostiene que no concurren los requisitos de la falta de conformidad con arreglo al artículo 116 de la LGDCU, y además la acción ha prescrito al transcurrir el plazo de dos años desde la entrega del bien de consumo.

El juez, que rechaza tanto la prescripción de la acción como el incumplimiento esencial que resolvería el contrato, considera imprescindible comprobar si el fabricante y el concesionario incumplieron sus obligaciones contractuales con el consumidor, es decir, si hubo un incumplimiento parcial o un cumplimiento defectuoso. El artículo 65 de la LGDCU indica que los contratos de los consumidores “se integrarán, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, también en los supuestos de omisión e información precontractual relevante”. No sería razonable para el consumidor asumir una reparación por la propia marca, “cuando ello implica una manipulación del motor verificada con secretismo y sin que conste acreditado de manera indubitada que no afectará a las prestaciones de un vehículo”.

Todo ello lleva al juez a señalar que se ha producido un incumplimiento parcial de la prestación debida, condenando a las demandadas al pago conjunto, directo y solidario de la cantidad de 5.006,5 euros en favor de la parte actora, valorando el perjuicio causado en un diez por ciento del precio de adquisición del vehículo.

Conviene recordar que la sentencia 94/2016 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Torrelavega desestimó la demanda de un propietario de un vehículo Volkswagen. Puede consultar el artículo que le dedicamos en el siguiente enlace:

SENTENCIA SOBRE “CASO VOLKSWAGEN”

El Tribunal Supremo aclara la unidad de referencia del despido colectivo

La sentencia del Tribunal Supremo 848/2016, de 17 de octubre, determina la unidad de referencia que hay que tener en cuenta para distinguir si un despido es colectivo o individual, y por tanto si se debe aplicar el procedimiento previsto para el despido colectivo (comunicación, apertura del periodo de consultas, negociación, etc.). El caso examinado es el de una empresa que cuenta con un total de 3.100 empleados en distintos centros de trabajo.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de fecha 21 de mayo de 2015, objeto de recurso, señalaba que las extinciones que afectaron a un centro de trabajo que contaba con 77 trabajadores eran nulas al tratarse de despido colectivo. En su razonamiento sigue lo dispuesto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera contraria a la Directiva 98/59 una normativa nacional que introduce como única unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio tiene como consecuencia obstaculizar el procedimiento de información y consulta de la Directiva.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJPV y añade que se consideran despido colectivo no solo las situaciones en las que las extinciones de contratos superen los umbrales del art. 51.1 del Estatuto de los Trabajadores en la totalidad de la empresa, sino también aquellas otras en las que se excedan dichos umbrales afectando a un único centro de trabajo que emplee habitualmente a más de 20 trabajadores, como ocurre en el supuesto examinado.

Recurso de suplicación en proceso laboral si se vulneran DDFF

El caso que estudia el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) en sentencia de 19 de septiembre de 2016 gira en torno a la presentación de recurso de suplicación por vulneración de derechos fundamentales en materia laboral, en concreto la recurrente alega violación de los derechos a la igualdad y no discriminación (artículo 14 CE), a la garantía de indemnidad (artículo 24.1 CE) y a la libertad sindical (art. 28.1 CE), en contra de lo esgrimido por el Juzgado de lo Social que conoció el caso, que consideraba que contra la sentencia no cabía recurso alguno, por lo que la resolución era firme.

El TC, que señala que el caso tiene relevancia constitucional, sostiene que “el derecho a los recursos tiene su fuente en la configuración legal, sin que exista un imperativo o mandato constitucional de una segunda instancia; (pero) es distinto el enjuiciamiento que puedan recibir las normas obstaculizadoras o impeditivas del acceso a la jurisdicción o aquellas otras que limitan la admisibilidad de un recurso extraordinario contra una Sentencia anterior dictada en un proceso celebrado con todas las garantías”.

La sentencia acoge el criterio del Tribunal Supremo, según el cual es recurrible en suplicación toda sentencia que resuelva una demanda sobre tutela de derechos fundamentales, independientemente de la modalidad procesal que se haya seguido. Aunque no exista un mandato constitucional que asegure el acceso a los recursos en materia de derechos fundamentales, indica el TC, “una vez que ha sido prevista la suplicación por la norma “en todo caso” contra sentencias dictadas en procedimientos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas (art. 191.3 f) LRJS), no cabe interpretar que la remisión del legislador a las modalidades procesales correspondientes del conocimiento de las demandas que allí se citan, sin dar opción al demandante, en función de la materia en litigio y para una mejor atención del objeto del proceso, pueda dar como resultado una menor garantía jurisdiccional de un mismo derecho fundamental”.

Por tanto, el TC declara vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos, ordenando retrotraer las actuaciones para que el recurso de suplicación siga la tramitación procesal que corresponda.