ACTIVIDAD FUNCIONARIAL Y ABOGACÍA COMPATIBLES POR SILENCIO POSITIVO

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Gijón, en Sentencia de 2 de junio de 2016, resolvió las dudas jurídicas relativas a la aplicación del silencio positivo de la Administración en materia de compatibilidad de actividades. El recurrente, miembro de la Policía Local del Ayuntamiento de Gijón, solicitó en abril de 2015 autorización para compatibilizar su trabajo con el ejercicio de la abogacía. Transcurridos tres meses sin recaer resolución, pidió certificación de acto presunto, alegando el silencio positivo.

El artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala que “ en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar (…), el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.” Por otro lado, el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece que la resolución que reconozca la compatibilidad o incompatibilidad se dictará en el plazo de dos meses.

La Administración se opone al sentido positivo del silencio en virtud del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y del artículo 52.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que señalan que sería de aplicación la legislación autonómica. Además, el artículo 9 bis de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias contempla el silencio administrativo negativo en los procedimientos de reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas.

Sin embargo, señala la sentencia que la Ley 2/1995 no resulta de aplicación en este supuesto, ya que regula los procedimientos que se tramitan por la Administración autonómica, no por la local. Por tanto, la compatibilidad se obtuvo por silencio positivo dos meses después de la solicitud, al amparo del artículo 14 de la Ley 53/1984.

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