ANULACIÓN DEL CANON DIGITAL ESPAÑOL POR EL TJUE

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio de 2016, asunto C-470/14, aclara la interpretación de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, que establece un elevado nivel de protección de los titulares de los derechos de autor. La Directiva insta a los Estados miembros a establecer el derecho exclusivo de reproducción, pudiendo regular excepciones, como en el caso de reproducciones realizadas por personas físicas para uso privado y sin fines comerciales (“excepción de copia privada”), debiendo recibir los titulares de los derechos una compensación equitativa.

En el 2013 varias entidades de gestión colectiva de derechos de autor acudieron al Tribunal Supremo para que anulara la normativa española, en base a la cual la compensación equitativa por copia privada se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal Supremo presenta cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para que aclare si la mencionada Directiva se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que supone que el coste no sea sufragado por los usuarios de copias privadas. Debido a que la partida presupuestaria se nutre de la totalidad de los recursos de los Presupuestos Generales del Estado, todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas, se ven obligados a financiar la compensación.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva se opone al sistema español, ya que éste no asegura que el coste de la compensación equitativa sea soportado en último término por los usuarios de copias privadas. La Directiva permite que la excepción de copia privada se financie con cargo a los Presupuestos Generales, siempre que se garantice el pago de una compensación equitativa a favor de los titulares de los derechos y su percepción efectiva.

No obstante, la excepción de copia privada supone un beneficio exclusivo de las personas físicas, ya que son quienes causan un perjuicio a los titulares de los derechos de autor y por tanto, quienes están obligadas a financiar la compensación equitativa, no pudiendo fijar los Estados un sistema en el que las personas jurídicas sean en último término deudoras efectivas de dicha compensación.

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