Caducidad del expediente administrativo (Sentencia Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2015)

La interpretación de los artículos 42, apartados 1 y 2, y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regulan la obligación de la Administración de resolver y el silencio administrativo en procedimientos iniciados de oficio, llevó a los tribunales a señalar que, iniciado de oficio un procedimiento susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen al interesado y producida la caducidad, el hecho de que la Administración dictara una resolución de fondo equivalía a una nueva iniciación de la actuación administrativa.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2015 plantea esta cuestión con el fin de solventar las dudas existentes, pudiendo extraer las siguientes conclusiones:

  • Del mencionado artículo 42.1 se desprende que la Administración, una vez apreciada la caducidad del procedimiento, no debe dictar una resolución de fondo sino declarar la caducidad, expresando las circunstancias, los hechos producidos y la normativa aplicable.
  • El plazo máximo de duración del procedimiento es de tres meses, salvo que una norma reguladora de un procedimiento específico fije otro distinto (artículo 42.3 Ley 30/1992). Además, el plazo comienza a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio. La Administración tiene la obligación de informar al interesado del plazo máximo para resolver y de los efectos del silencio administrativo en la notificación o publicación del acuerdo de incoación (artículo 42.4 Ley 30/1992).
  • En el procedimiento sancionador el vencimiento del plazo máximo para resolver produce la caducidad, si bien la Administración, en cumplimiento del deber legal de resolver, debe dictar una resolución declarando la caducidad y ordenando el archivo de las actuaciones (artículo 44 Ley 30/1992).
  • La mera declaración de caducidad no implica la imposibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador siempre que la supuesta infracción que motivó la incoación del procedimiento caducado no haya prescrito (artículo 92.3 Ley 30/1992).
  • El archivo de las actuaciones supone que el acuerdo de iniciar el nuevo expediente sancionador debe fundarse en los mismos documentos que determinaron la iniciación del expediente caducado. No obstante, en el nuevo procedimiento pueden surtir efectos actos independientes del expediente caducado, aunque no cabe que en el nuevo surtan efecto las actuaciones propias del primero, debiendo practicarse otra vez las mismas actuaciones, valorándose por el contenido actual y no por el que entonces pudieran tener. La excepción contemplada se refiere a aquellas actuaciones cuya incorporación solicite el interesado, que pueden tener los mismos efectos en el nuevo procedimiento.

De lo expuesto cabe concluir que en un expediente administrativo iniciado de oficio, con contenido susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen al interesado, si se produce la caducidad por el transcurso del plazo, la Administración tiene que proceder a su archivo y no dictar extemporáneamente una resolución de fondo, pudiendo no obstante incoar un nuevo procedimiento si no ha transcurrido el plazo de prescripción aplicable.

 

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