ALTA EN DEV OBLIGATORIA PARA PERSONAS JURÍDICAS

La Dirección General de Tráfico ha informado que, desde el próximo día 2 de Octubre de 2016, las personas jurídicas que precisen realizar cualquier trámite ante las Administraciones con competencia en materia de Tráfico: Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco, del Servicio Catalán de Tráfico, de la Dirección General de Tráfico y de Ayuntamientos (por ejemplo, el Ayuntamiento de Avilés) deberán disponer de la Dirección Electrónica Vial (DEV).

Sigue leyendo

ACTIVIDAD FUNCIONARIAL Y ABOGACÍA COMPATIBLES POR SILENCIO POSITIVO

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Gijón, en Sentencia de 2 de junio de 2016, resolvió las dudas jurídicas relativas a la aplicación del silencio positivo de la Administración en materia de compatibilidad de actividades. El recurrente, miembro de la Policía Local del Ayuntamiento de Gijón, solicitó en abril de 2015 autorización para compatibilizar su trabajo con el ejercicio de la abogacía. Transcurridos tres meses sin recaer resolución, pidió certificación de acto presunto, alegando el silencio positivo. Sigue leyendo

¿SABES QUÉ OCURRE EL 2 DE OCTUBRE DE 2016?

Qué entrará en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y, también, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

¿QUÉ ES LA LPAC? Es una Ley que: Sigue leyendo

ZONAS PEATONALES SIN BOLARDOS EN AVILES

El lunes, 28 de marzo de 2016, se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la aprobación del Anexo VI de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Avilés (OMT). Sigue leyendo

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA AUTOMATIZADA Y SEGURIDAD SOCIAL

El 1 de marzo se publicó en el BOE la Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS) de fecha 23 de febrero de 2016. Y, que entró en vigor el 7 de marzo.  Sigue leyendo

Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de marzo de 2016, declarando inconstitucionales algunos artículos de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea de Extremadura contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Sigue leyendo

Caducidad del expediente administrativo (Sentencia Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2015)

La interpretación de los artículos 42, apartados 1 y 2, y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regulan la obligación de la Administración de resolver y el silencio administrativo en procedimientos iniciados de oficio, llevó a los tribunales a señalar que, iniciado de oficio un procedimiento susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen al interesado y producida la caducidad, el hecho de que la Administración dictara una resolución de fondo equivalía a una nueva iniciación de la actuación administrativa. Sigue leyendo

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en vigor el 2 de octubre de 2016, muestra la separación de la regulación del procedimiento administrativo y del régimen jurídico del Sector Público, que pasa a regularse en la Ley 40/2015. Esta separación no ha estado exenta de controversia, pues el Consejo de Estado señalaba en el Dictamen 275/2015, de 29 de abril, que supone una confusión al no seguir el criterio tradicional del ordenamiento jurídico español. Sigue leyendo

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

El contenido de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se ha separado en dos cuerpos legales, cuya entrada en vigor está prevista para el 2 de octubre de 2016. Por un lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por otro la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sigue leyendo