Nueva Instrucción de la Inspección de Trabajo sobre el control de Jornada

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de abril de 2017, sienta jurisprudencia tras la anterior del 27 de marzo de 2017 (caso BANKIA) y declara la ausencia de obligatoriedad de registrar la jornada diaria en contratos a tiempo completo. Tras ella, la Inspección de Trabajo emite una nueva Instrucción (Instrucción núm. 1/2017, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social complementaria a la Instrucción 3/2016, de 21 de marzo, sobre el control en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias) con el fin de modificar y complementar la dictada en marzo de 2016, donde se establecía la obligatoriedad de dichos registros. Sigue leyendo

Caso Volkswagen: primera sentencia que reconoce indemnización al propietario del vehículo

La sentencia 291/2016, de 25 de octubre, del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Valladolid falla por primera vez a favor del propietario de un vehículo Volkswagen afectado por el fraude de las emisiones. La sentencia sostiene que la omisión de la información es un engaño que vulnera el principio de buena fe contractual, señalando que el fabricante puso en peligro la salud pública y provocó un importante impacto ecológico.

El demandante solicita la sustitución de su Audi por otro de iguales características u otro de categoría superior, en virtud de lo dispuesto en la normativa de defensa de los consumidores y usuarios. Subsidiariamente, amparándose en el artículo 121 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), solicita la rescisión del contrato, que conllevaría la devolución del dinero y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. De otra parte, Volkswagen sostiene que no concurren los requisitos de la falta de conformidad con arreglo al artículo 116 de la LGDCU, y además la acción ha prescrito al transcurrir el plazo de dos años desde la entrega del bien de consumo.

El juez, que rechaza tanto la prescripción de la acción como el incumplimiento esencial que resolvería el contrato, considera imprescindible comprobar si el fabricante y el concesionario incumplieron sus obligaciones contractuales con el consumidor, es decir, si hubo un incumplimiento parcial o un cumplimiento defectuoso. El artículo 65 de la LGDCU indica que los contratos de los consumidores “se integrarán, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, también en los supuestos de omisión e información precontractual relevante”. No sería razonable para el consumidor asumir una reparación por la propia marca, “cuando ello implica una manipulación del motor verificada con secretismo y sin que conste acreditado de manera indubitada que no afectará a las prestaciones de un vehículo”.

Todo ello lleva al juez a señalar que se ha producido un incumplimiento parcial de la prestación debida, condenando a las demandadas al pago conjunto, directo y solidario de la cantidad de 5.006,5 euros en favor de la parte actora, valorando el perjuicio causado en un diez por ciento del precio de adquisición del vehículo.

Conviene recordar que la sentencia 94/2016 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Torrelavega desestimó la demanda de un propietario de un vehículo Volkswagen. Puede consultar el artículo que le dedicamos en el siguiente enlace:

SENTENCIA SOBRE “CASO VOLKSWAGEN”

Recurso de suplicación en proceso laboral si se vulneran DDFF

El caso que estudia el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) en sentencia de 19 de septiembre de 2016 gira en torno a la presentación de recurso de suplicación por vulneración de derechos fundamentales en materia laboral, en concreto la recurrente alega violación de los derechos a la igualdad y no discriminación (artículo 14 CE), a la garantía de indemnidad (artículo 24.1 CE) y a la libertad sindical (art. 28.1 CE), en contra de lo esgrimido por el Juzgado de lo Social que conoció el caso, que consideraba que contra la sentencia no cabía recurso alguno, por lo que la resolución era firme.

El TC, que señala que el caso tiene relevancia constitucional, sostiene que “el derecho a los recursos tiene su fuente en la configuración legal, sin que exista un imperativo o mandato constitucional de una segunda instancia; (pero) es distinto el enjuiciamiento que puedan recibir las normas obstaculizadoras o impeditivas del acceso a la jurisdicción o aquellas otras que limitan la admisibilidad de un recurso extraordinario contra una Sentencia anterior dictada en un proceso celebrado con todas las garantías”.

La sentencia acoge el criterio del Tribunal Supremo, según el cual es recurrible en suplicación toda sentencia que resuelva una demanda sobre tutela de derechos fundamentales, independientemente de la modalidad procesal que se haya seguido. Aunque no exista un mandato constitucional que asegure el acceso a los recursos en materia de derechos fundamentales, indica el TC, “una vez que ha sido prevista la suplicación por la norma “en todo caso” contra sentencias dictadas en procedimientos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas (art. 191.3 f) LRJS), no cabe interpretar que la remisión del legislador a las modalidades procesales correspondientes del conocimiento de las demandas que allí se citan, sin dar opción al demandante, en función de la materia en litigio y para una mejor atención del objeto del proceso, pueda dar como resultado una menor garantía jurisdiccional de un mismo derecho fundamental”.

Por tanto, el TC declara vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos, ordenando retrotraer las actuaciones para que el recurso de suplicación siga la tramitación procesal que corresponda.

Sentencia del TJUE. Imposibilidad de modificar un contrato público ya adjudicado

La sentencia del TJUE de 7 de septiembre de 2016 (asunto C-549/2014) interpreta el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, que establece los principios de adjudicación de contratos públicos: igualdad, no discriminación y transparencia. Sigue leyendo

Sentencia del TJUE. Requisitos para reclamar indemnización al Estado si un Juez no aplica el Derecho de la UE

Señala la Sentencia del TJUE de 28 de julio de 2016 (asunto C-168/15) que un Estado miembro responde por los daños causados a un particular derivados de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional siempre que éste resuelva en última instancia y haya infringido manifiestamente el Derecho de la UE o la jurisprudencia del TJUE. Sigue leyendo

Sentencia del TJUE. Derecho de los trabajadores eventuales a ser indemnizados

En la Sentencia de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-596/14), el TJUE examina el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada de 18 de marzo de 1999 (figura como Anexo en la Directiva 1999/70/CE), que establece las condiciones mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada. Los Estados firmantes deben aplicar el principio de no discriminación e impedir abusos, como utilizar esta forma de contratación para privar a los trabajadores afectados de derechos reconocidos a los trabajadores indefinidos. Sigue leyendo

Sentencia del TJUE. Imposibilidad de encadenar contratos temporales

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-16/15, Pérez López/Servicio Madrileño de Salud) examina el caso de una enfermera que fue contratada en un hospital madrileño para realizar servicios de naturaleza temporal o extraordinaria, siendo renovado posteriormente su nombramiento en numerosas ocasiones y de forma continua. Sigue leyendo

Sentencia del Tribunal Supremo 151/2016, sobre el alcance de la responsabilidad de los administradores por deudas sociales

La sentencia del Tribunal Supremo 151/2016, de 10 de marzo, interpreta el requisito para que los administradores sociales sean responsables de las deudas posteriores a la concurrencia de la causa legal de disolución. El supuesto parte de la reclamación a los administradores de una deuda de la sociedad derivada de un contrato de opción de compra, que había sido resuelto anteriormente.

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La carga de la prueba en la Acción Individual de Responsabilidad

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2016 analiza los requisitos de la acción individual de responsabilidad para reclamar la indemnización del daño causado a un acreedor por el impago de sus créditos al haber cerrado de facto la sociedad deudora. Sigue leyendo

El TC anula las Tasas Judiciales

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016,  declara inconstitucionales las tasas judiciales.

En concreto, declara la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Sigue leyendo