DIRECTIVA (UE) 2016/943 SOBRE LA PROTECCION DE SECRETOS COMERCIALES

El 15 de junio de 2016 se publicó en el DOUE la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Su entrada en vigor está prevista para el 5 de julio de 2016, y los Estados miembros tienen hasta el 9 de junio de 2018 para aprobar las disposiciones legales o reglamentarias necesarias para cumplir con lo dispuesto en la Directiva.

La necesidad de la norma se apoya en el valor de los secretos comerciales, ya que la confidencialidad se erige en herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación, pues la información a la que atañe incluye datos comerciales sobre clientes y proveedores, planes comerciales y estrategias de mercado. Las innovaciones que lleva a cabo una empresa se ven amenazadas por el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o la vulneración de la confidencialidad.

La Directiva define el secreto comercial como la información que reúne determinados requisitos: i) ser secreta, es decir, generalmente no conocida por las personas del círculo en que normalmente se utiliza dicha información, ni fácilmente accesible; ii) tener un valor comercial por su carácter secreto; iii) haber sido objeto de medidas razonables para mantener su carácter secreto. Además, la nueva norma establece las circunstancias en las que cabe su protección y las prácticas que suponen la obtención, utilización o revelación ilícita.

Se consideran lícitas la obtención y revelación de secretos comerciales en el marco del ejercicio de los derechos de información, consulta y participación de los representantes de los trabajadores y del ejercicio de la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios o en el marco de una auditoría legal. Como excepción a la protección de los secretos comerciales, se regulan los supuestos en los que su revelación sirva al interés público, por descubrir una falta, irregularidad o actividad ilegal.

Se encomienda a los Estados miembros la fijación de medidas, procedimientos y recursos para garantizar las acciones civiles frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, siempre que sean proporcionadas y no menoscaben los derechos y libertades fundamentales, ni el interés público. Además, establecerán los plazos de prescripción y velarán por que se preserve la confidencialidad de los secretos comerciales durante el proceso judicial. Asimismo, cabe la posibilidad de adoptar medidas provisionales y cautelares para poner fin a las conductas ilícitas, y se regulan las que pueden dictarse una vez ha recaído resolución judicial sobre el fondo del asunto, aunque no serán ejecutables si la información objeto de secreto comercial ha pasado a ser de dominio público por razones ajenas al demandado. Los Estados miembros también deben dotar a las autoridades judiciales competentes de poderes sancionadores adecuados, previéndose sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Respecto a la indemnización por daños y perjuicios, debe ser adecuada al perjuicio sufrido, teniéndose en cuenta en su determinación el lucro cesante, el enriquecimiento injusto y el daño moral.

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