EL INTENTO DE NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEBIDAMENTE ACREDITADO

El TS rectifica su doctrina legal referida a que el intento de notificación debidamente acreditado, dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, queda culminado en la fecha en que se llevó a cabo; no en el momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por no haberse logrado practicar la notificación, como rezaba la Sentencia de 17 Nov. 2003 El artículo 58.4 de la LRJYPAC dispone que a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar la Resolución dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente “(…) el intento de notificación debidamente acreditado

Hasta la fecha, y al objeto de interpretar cuando se entendía realizado el intento de notificación (cuando el funcionario de Correos se persona en el domicilio a efectos de notificaciones y tras dos intentos en hora distinta dentro de los tres días siguientes nadie se hacía cargo de la misma) debíamos tener en cuenta la doctrina legal  declarada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 Nov. 2003, que establecía: “(…) el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la LRJYPAC, en el momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por no haberse logrado practicar la notificación (…)”. Es decir, la fecha relevante sería la de la entrada en el Registro de la Administración de la comunicación del Servicio de Correos dando cuenta de la notificación intentada infructuosamente.

Pues bien, la reciente STS de 3 de Diciembre de 2013, de la Sala Tercera en Pleno (que fija doctrina legal), da un vuelco a esa doctrina legal y ahora considera que “el intento de notificación queda culminado, a los efectos del art.58.4 de la Ley 30/1992, en la fecha en que se llevó a cabo”.

Esto es, afirma el TS que la acreditación que requiere el artículo 58.4 de la LRJYPAC, no forma parte del plazo que ha de computarse al efecto de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, sino que es sólo una exigencia de constatación; el periodo de tiempo que transcurre entre la fecha del intento y la posterior en que se hace constar en el expediente su frustración, no prolonga aquel plazo. En definitiva, si el intento de notificación se lleva a cabo en una fecha comprendida dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, producirá aquel concreto efecto que dispone el artículo 58.4 de la LRJYPAC, con independencia o aunque su acreditación acceda al expediente cuando ya venció ese plazo.

Y, por tanto, la Administración puede entender cumplida su obligación de dictar resolución dentro del plazo legalmente establecido y, claro esta, acudir a la publicación subsidiaria mediante edictos, tablones y Boletines Oficiales.

Como indica José Ramón Chaves García, Magistrado de lo contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su blog (http://contencioso.es/), estamos ante una doctrina sumamente relevante:

“A) En primer lugar, porque sienta doctrina en interés de Ley, por tanto el Supremo asume el papel de “legislador” de manera que “complementa” nada menos que lo dicho por la Ley 30/1992 en materia tan importante como las notificaciones.

B) En segundo lugar, porque el Tribunal Supremo es congruente con no confundir la actividad desplegada por la Administración para “intentar” la notificación a través del cartero como brazo ejecutivo, con las vicisitudes materiales y temporales de la documentación en su retorno a la Administración, que por extraños duendes, a veces llegaba con semanas o incluso meses de distancia respecto de la fecha en que el cartero llamó por segunda vez a la puerta. Y es que la Ley quiere que la Administración dicte resolución y la notifique o intente notificarla en plazo pero no dijo que ese plazo se estirase hasta que una tercera entidad (Correos) lo presentase en el Registro de aquélla”.

Con el humor que le caracteriza, concluye: “En fin, no deja de maravillar que ni el mismo Antony Blake sería capaz de adivinar el contenido de un correo certificado con acuse de recibo sin abrirlo, y sin embargo por alguna extraña razón los actos que conceden subvenciones, licencias o reconocen derechos solían tener éxito en su notificación al interesado, mientras que los que suponían sanciones, tributos o gravámenes se tropezaban con una puerta silenciosa”.

Ver contenido integro del post en http://contencioso.es/2014/01/16/doctrina-legal-la-caducidad-se-trunca-el-dia-del-intento-de-notificacion-postal/

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