El TC anula las Tasas Judiciales

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016,  declara inconstitucionales las tasas judiciales.

En concreto, declara la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Las tasas afectadas son las que se refieren únicamente a las personas jurídicas, ya que las personas físicas quedaron exentas tras la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero.

Las cantidades abonadas no serán devueltas en los procedimientos en los que haya recaído resolución firme ni en aquellos en los que el pago de la tasa se realizó sin alegar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española (en adelante, CE). Es decir, la anulación no tiene efecto retroactivo para salvaguardar la seguridad jurídica.

El establecimiento de las tasas no vulnera per se la tutela judicial efectiva, no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial ni el principio de gratuidad de la justicia, ya que el legislador tiene competencia para regular los requisitos del acceso gratuito.

El Tribunal examina los requisitos que debe tener toda norma limitadora de derechos fundamentales: que los fines perseguidos sean legítimos y que la medida sea proporcional a los mismos. Por lo que respecta a losfines, tanto el de evitar las situaciones de abuso (dilación de los procedimientos), como la financiación mixta de la justicia, son legítimos.

En cuanto a la proporcionalidad de la medida legislativa adoptada, señala la sentencia que debe cumplir tres condiciones: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Aunque la medida es idónea para lograr la financiación mixta de la justicia, no es idónea para la primera finalidad, ya que al articularse un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, su efecto disuasorio se diluye para los que disponen de medios económicos suficientes. El requisito de la necesidad se cumple al no haber una alternativa. Y por lo que atañe a la proporcionalidad en sentido estricto, el Tribunal subraya lo gravoso que resulta sumar los honorarios de abogado y procurador a la tasa en el orden contencioso-administrativo. Por tanto, las tasas resultan desproporcionadas y contrarias al derecho de acceso a la jurisdicción.

Por lo que respecta a las tasas exigidas para la interposición de recursos, la sentencia considera que vulneran el artículo 24 CE, pues “el objetivo de la financiación mixta de la Justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental”. Además, la cuantía de las tasas “no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, a los cuales resulta excesiva”.

La cuota variable, a juicio del tribunal, eleva innecesariamente la carga económica sobre el recurrente sin que el legislador haya especificado la motivación de su exigencia, lo que conlleva su declaración como inconstitucional.

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