La carga de la prueba en la Acción Individual de Responsabilidad

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2016 analiza los requisitos de la acción individual de responsabilidad para reclamar la indemnización del daño causado a un acreedor por el impago de sus créditos al haber cerrado de facto la sociedad deudora.La acción individual de responsabilidad debe contar con una serie de requisitos:

  • que haya un incumplimiento de un deber legal por parte del administrador, 
  • que se le pueda imputar directamente el impago y 
  • que se haya causado un daño directo.

Declara la sentencia que el nexo o relación de causalidad entre el ilícito (cerrar la sociedad sin liquidación) y el daño (el impago de la deuda social) debe probarse por el administrador de la sociedad en virtud del principio de mayor facilidad probatoria del artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por un lado, el acreedor demandante tiene serias dificultades para probar que había bienes y que fueron distraídos o liquidados sin que se destinara lo obtenido al pago de las deudas, mientras que el administrador tiene facilidad para probar lo ocurrido. Entiende el Tribunal que el hecho de que el acreedor no pueda probar la relación de causalidad, no puede acarrearle la imposibilidad de resarcirse del daño producido.

El tribunal de apelación, declara la sentencia, aplicó incorrectamente las reglas de la carga de la pruebateniendo relevancia esta infracción, pues conllevó la inexistencia de nexo de causalidad entre el incumplimiento de los deberes legales de disolución y liquidación de la sociedad y el impago de la deuda, ya que “las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria”.

Es preciso tener en cuenta que la acción individual de responsabilidad requiere que se le haya causado un daño directo al tercero, por lo que correspondía al administrador justificar que la disolución y liquidación de la sociedad no hubiera servido para pagar los créditos del demandante.

Por todo lo expuesto, el Tribunal estima la acción de responsabilidad y condena al administrador al pago del perjuicio sufrido por la demandada como consecuencia del cierre de hecho de la sociedad. 

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