La “LICENCIA EXPRESS” o la eliminación de la licencia previa a la apertura y actividad del comercio minorista.

En el BOE del 26 de mayo de 2012, se publicó el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, por el que el Gobierno eliminó las licencias previas a la apertura y actividad vinculadas a establecimientos comerciales de hasta 300 metros cuadrados ubicados en todo el territorio nacional, sus instalaciones y determinadas obras previas.

Anteriormente, La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ya había modificado el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, había incorporado  a la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, los artículos 84, 84 bis y 84 ter, estableciendo con carácter general la inexigibilidad de licencia u otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que resultase necesario para la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público pero, en todo caso, condicionando su exigibilidad a un juicio de necesidad y proporcionalidad.

No obstante lo expuesto, mediante este Real Decreto-ley se avanza un paso más eliminando todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa ligados a establecimientos comerciales y de servicios con una superficie de hasta 300 metros cuadrados(incluidos los cambios de titularidad). Dicha autorización previa se sustituye por un régimen de control ex post basado en una declaración responsable. Asimismo, este Real Decreto-Ley extiende la referida fexibilización a todas las obras ligadas al acondicionamiento de los locales que no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad conla Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación dela Edificación.

Por tanto, el control de la Administración pasará a realizarse a posteriori aplicándose el régimen sancionador vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histórico artístico, de tal forma que este mecanismo no suponga un menoscabo de las garantías en la prestación del servicio hacia los consumidores ni de las obligaciones de cumplimiento de la normativa sectorial autonómica o municipal aplicable.

El ámbito de aplicación de esta norma se extiende a las siguientes actividades (Anexo del Real Decreto -Ley):

  • En el comercio minorista, entre otros: alimentación, frutería, carnicería, pollería, charcutería, pescadería, panadería, pastelería, heladería, tiendas de caramelos, bodegas, autoservicios de alimentación; textil confección; textil hogar; peletería; herbolario y parafarmacia; perfumería; droguería; equipamiento del hogar; muebles; aparatos electrónicos; ferretería; material de construcción y saneamiento; bricolaje; venta de automóviles y accesorios; óptica; ortopedia; instrumentos musicales; antigüedades; librería; papelería; juguetería; joyería y plantas.
  • En la pequeña industria artesanal, calzado y textil.
  • En las actividades de servicios, entre otros: agencias de viaje; actividades de promoción inmobiliaria; reparación de ropa y zurcido; reparación de calzado; peluquerías; institutos de belleza y estética; servicios de fotocopias y servicios de enmarcación.

El Gobierno espera que esta medida contribuya a la dinamización de la actividad en beneficio del crecimiento económico y del empleo, en línea acorde con los objetivos de reducción de las cargas administrativas, la mejora del entorno empresarial, en especial para las PYMES, y la promoción del espíritu empresarial. Por eso, el Real Decreto-ley ya prevé que el Estado, mediante desarrollo reglamentario, y las Comunidades Autónomas puedan ampliar el catálogo de actividades incluidas en la norma así como el umbral de superficie. Estas últimas podrán ampliar, asimismo, el catálogo de obras que no precisen licencia.

Este es un tema de máxima actualidad en Avilés, a raiz de la polémica suscitada en la última semana por la apertura en la ciudad de un establecimiento de venta de colchones.

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