LA NECESIDAD DE IMPLANTAR UN PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS

En el ordenamiento jurídico español tradicionalmente regía el principio clásico de societas delinquere non potest, que implicaba que las personas jurídicas no podían cometer delitos. Así, las sociedades únicamente respondían civilmente por los delitos cometidos por sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o la prestación de sus servicios.El panorama jurídico cambió con las reformas del Código Penal de los años 2010 y 2015, cuyas características principales son las siguientes:

—     La Ley Orgánica 5/2010 introdujo en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los ilícitos cometidos por los administradores y quienes estén a su cargo, en provecho de la empresa y por no haberse ejercido el debido control. Hasta el año 2010, las personas jurídicas no podían cometer delitos, teniendo únicamente una responsabilidad civil.

—      Con la reforma del Código Penal porla Ley Orgánica 1/2015, en vigor desde el 1 de julio de 2015, continúan siendo responsables penalmente, pero se prevé la exención de dicha responsabilidad penal si la compañía adopta un plan de prevención de riesgos penales eficaz.

El artículo 31 bis del Código Penal determina que las personas jurídicas responden penalmente por los delitos cometidos por sus representantes legales y quienes tengan capacidad para tomar decisiones en su nombre u ostenten facultades de organización y control, y por los delitos cometidos por personas sometidas a la autoridad de los anteriores, cuando éstos incumplan gravemente los deberes de supervisión y control. La responsabilidad se deriva de los ilícitos cometidos por cuenta de la empresa y en su beneficio directo o indirecto, y es independiente de la responsabilidad de la persona física autora del delito.

Los delitos susceptibles de generar responsabilidad penal para la persona jurídica son los señalados en el Código Penal (entre otros, la estafa, el cohecho, el blanqueo de capitales, los delitos contra la intimidad personal y familiar o los delitos contra los derechos de los trabajadores). El catálogo de penas que se pueden imponer también es amplio: multa, suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, prohibición de realizar en el futuro las actividades, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, inhabilitación para gozar de beneficios e incentivos fiscales, intervención judicial y disolución.

Ante esta realidad jurídica, surge la necesidad de implantar un plan de prevención de delitos o sistema de compliance, que tiene un doble objetivo: prevenir la comisión de delitos en el seno de la compañía; y eximirse de responsabilidad penal en el hipotético caso de que se cometa un ilícito. Además, con la elaboración de un sistema de compliance se pretende favorecer el cumplimiento de las obligaciones a las que esté sujeta la empresa en otras áreas, como las derivadas de la legislación en materia de protección de datos o transparencia, y así lograr una cultura de ética y cumplimiento empresarial.

El plan de prevención de delitos se articula en varias fases que permiten lograr los objetivos expuestos, adaptándose a la realidad empresarial de cada sociedad:

  • Identificación de riesgos penales que pueden afectar a la empresa.
  • Identificación de controles y procedimientos asociados a los riesgos penales identificados.
  • Plan de acción priorizando los riesgos en función de su impacto y elaboración de un manual de compliance.
  • Líneas básicas de la implantación del modelo de prevención en la compañía.

Las ventajas de la implementación del sistema de compliance son muy numerosas, ya que además de minimizar o eliminar la responsabilidad de la empresa, supone una mejora en la reputación y en la imagen de la sociedad, adaptándose a las necesidades de los clientes y a los estándares éticos del mercado.

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