La Reforma del Sistema Financiero

El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión del 31 de agosto de 2012, el Real Decreto-Ley 24/2012 de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que se publicó en el BOE del 31 de agosto de 2012 y que entró en vigor el mismo día de su publicación.

Con esta norma el Gobierno pretende, primero, dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del programa de asistencia financiera a España para la recapitalización del sector bancario, acordado por el Eurogrupo el pasado 20 de julio y recogido en el Memorando de Entendimiento. Y, segundo, crear una herramienta para salvaguardar la estabilidad del conjunto del sistema financiero español.Antes de entrar en materia llamar la atención sobre el término “Resolución” que, se introduce en nuestro Ordenamiento Jurídico, y a diferencia de los procedimientos de reestructuración, hace referencia a los procesos en que la entidad de crédito no es viable y es necesario proceder a su extinción ordenada con las mayores garantías para los depositantes y para la estabilidad financiera.

Dada la complejidad de la materia, y como primera aproximación procedemos a detallar de un modo esquemático y resumido las medidas introducidas por este Real Decreto – Ley, y que son:

- Se establece un régimen jurídico completo para el tratamiento de situaciones de entidades con problemas, que supone adelantar en la normativa española algunos de los aspectos recogidos en el borrador de la futura Directiva Europea de Resolución de Crisis y se refuerzan los poderes de intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así, recoge los siguiente niveles para abordar las crisis bancarias:

1º.   Las medidas de actuación temprana (dificultades leves), están previstas para entidades que pueden ser viables por sus propios medios, pero que pueden requerir una ayuda excepcional y transitoria a través de instrumentos convertibles en acciones  a devolver en un plazo de dos años.

2º.   Los casos de reestructuración están previstos para las entidades que presentan debilidades transitorias que pueden ser superadas mediante la inyección de fondos públicos.

3º.   En los supuestos de resolución ordenada (entidades inviables) se procederá a la venta del negocio, la transmisión de los activos o pasivos a un “banco puente” o la transmisión de activos o pasivos a una entidad de gestión de activos. El FROB deberá proceder a la enajenación de las acciones ordinarias o participaciones en el capital social de las entidades en el plazo máximo de cinco años. En cuanto a los instrumentos convertibles en capital, el FROB podrá solicitar su conversión en el plazo de seis meses contados a partir del quinto año desde su suscripción. Este plazo podrá prorrogarse hasta dos años, en función de la situación de la entidad.

- Se incluye un sistema de reparto entre el sector público y privado del coste de los procesos de reestructuración derivado de la intervención en las entidades. Se establece un mecanismo por el que los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada podrán verse obligados a asumir parte de las pérdidas de una entidad en crisis. Se trata con ello de reducir lo máximo posible el coste para el contribuyente de la reestructuración, tal como estipula la normativa europea de ayudas de Estado.

- Se prevé la posibilidad de constituir una Sociedad de Gestión de Activos (SGA) o “Banco Malo” procedentes de la reestructuración bancaria, que se encargue de la gestión de aquellos activos problemáticos de las entidades que reciban apoyo público para facilitar así su saneamiento y viabilidad.

Este instrumento, de carácter temporal, podrá adoptar la forma de sociedad anónima o fondo fiduciario y se encuentra pendiente de desarrollo reglamentario.

- Se modifica la estructura organizativa del FROB para evitar conflictos de interés generados por la participación del sector privado enla Comisión rectora, a través del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

- Se incluyen medidas para mejorar la protección a los inversores minoristas que suscriben productos financieros no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. A partir de ahora se exigirá un tramo para inversores profesionales mínimo del 50% y una inversión mínima de 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas y de 25.000 euros en el de las cotizadas. Además, se pedirá a los clientes minoristas no idóneos que escriban de su puño y letra que han sido advertidos de que el producto no les resulta conveniente.

- Se modifican los requerimientos y la definición de capital principal con los que deben cumplir las entidades de crédito a partir del 1 de enero de 2013. Se fija en el 9%

- Se fijan nuevos límites a la remuneración de directivos de entidades con ayudas. El límite máximo pasa de los 600.000 euros actuales a 500.000 euros.

- El traspaso de competencias al Banco de España. Así, será competente en la autorización de entidades y en la imposición de sanciones de carácter muy grave

Para leer el texto completo de la reforma financiera: http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/31/pdfs/BOE-A-2012-11247.pdf

Deja un comentario