Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en vigor el 2 de octubre de 2016, muestra la separación de la regulación del procedimiento administrativo y del régimen jurídico del Sector Público, que pasa a regularse en la Ley 40/2015. Esta separación no ha estado exenta de controversia, pues el Consejo de Estado señalaba en el Dictamen 275/2015, de 29 de abril, que supone una confusión al no seguir el criterio tradicional del ordenamiento jurídico español.

Con la reforma se ha tratado de impulsar la racionalización de la actuación administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad. La Ley 39/2015 contiene toda la regulación del procedimiento administrativo común, integrando en una sola norma el contenido de varias leyes, especialmente el de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. De este modo, la regulación resultante es una refundición armonizada de varias leyes, en aras de garantizar los principios constitucionales de eficacia, legalidad y seguridad jurídica, así como reforzar la competitividad económica mediante unas Administraciones Públicas eficientes, ágiles y transparentes.

Los cambios materiales de la Ley 39/2015 no son numerosos, más allá de la conjunción de las leyes mencionadas y el impulso de la Administración electrónica. No obstante, podemos destacar como novedades más importantes:

  • La regulación del procedimiento sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como del sector público institucional.
  • Se reconoce capacidad de obrar a los grupos de afectados y a las uniones y entidades sin personalidad jurídica. Se permite el apoderamiento electrónico y se prevé un registro electrónico general de apoderamientos.
  • Respecto a los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento administrativo, se distingue el uso de los medios de identificación y los de firma, siendo exigible la firma electrónica solo en los casos en que deba acreditarse la voluntad y el consentimiento del interesado.
  • La obligación de todas las Administraciones de disponer de un registro electrónico general o adherirse al del Estado, así como el archivo electrónico único de los documentos electrónicos de procedimientos finalizados. También se recogen los requisitos de validez de los documentos electrónicos administrativos, y el derecho de los interesados a solicitar copias auténticas de dichos documentos.
  • En materia del cómputo de plazos, se incluye el cómputo por horas y se excluyen los sábados. Se tendrá en cuenta la fecha y hora oficial de la sede electrónica para el cómputo de los plazos en los registros electrónicos.
  • Las notificaciones electrónicas tendrán carácter preferente, debiendo garantizar el conocimiento de la puesta a disposición de dichas notificaciones.
  • Se introduce un listado de derechos del administrado, entre los que destacan el derecho a no presentar documentos en poder de las Administraciones Públicas, a formular alegaciones y utilizar medios de defensa, o a cumplir las obligaciones de pago a través de medios electrónicos, entre otros.
  • En materia sancionadora se incluyen las posibles medidas provisionales, además del contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. Se define el expediente administrativo y su formato electrónico.
  • La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común por razones de interés público o falta de complejidad del procedimiento, con un máximo de treinta días para su resolución.
  • Se incluyen varios preceptos dedicados a la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, para mejorar la calidad regulatoria.

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