Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

El contenido de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se ha separado en dos cuerpos legales, cuya entrada en vigor está prevista para el 2 de octubre de 2016. Por un lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por otro la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Ley 40/2015 ha tenido como objetivo la creación de unas Administraciones Públicas eficientes, ágiles y transparentes para lograr una economía competitiva, dejando en segundo plano la eficacia de la Administración y los derechos de los administrados. Entre su contenido hallamos la legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo aplicable a todas las Administraciones Públicas, los principios generales de actuación, las formas de organización y funcionamiento, los principios y técnicas de relación orgánicas y la regulación del régimen jurídico específico de la Administración General del Estado. El legislador se ha ocupado de recopilar la normativa de carácter administrativo, dejando fuera la legislación de carácter financiero, presupuestario o económico.

Su texto se compone de 156 artículos, que contienen no solo la regulación básica, sino también normas de desarrollo reglamentario. Además, incluye una regulación básica aplicable a la totalidad de las Administraciones Públicas solo en algunas materias, siendo fundamentalmente una legislación propia de la Administración del Estado a la que se incorporan unos preceptos básicos aplicables a todas las Administraciones Públicas.

Aunque la Ley 40/2015 no ha llevado a cabo una modificación integral del régimen anterior, pues ha tratado de consolidar, refundir y detallar la regulación precedente, se han incluido algunas innovaciones, entre las que destacan:

  • Fortalecimiento de la Administración electrónica.
  • Creación del Inventario de Entidades del Sector Público estatal, autonómico y local.
  • Supresión de la consideración de las agencias estatales como organismos públicos.
  • Inclusión de las autoridades administrativas independientes como organismos públicos vinculados a la Administración del Estado.
  • Regulación unitaria de los convenios de colaboración y del consorcio para mejorar la fiscalización del gasto público.
  • Nueva regulación de las fundaciones del sector público estatal.
  • Nuevas reglas sobre la creación de unidades, órganos o entes administrativos.
  • Mayor detalle en la regulación de la transformación, fusión y disolución de organismos públicos, y de las relaciones interadministrativas.

En las disposiciones finales se han introducido modificaciones de otras leyes, de las cuales algunas ni siquiera tienen carácter administrativo, como la Ley 22/2003, Concursal. Entre las reformas más significativas están las relativas a la Ley 50/1997, del Gobierno, y al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Ley 40/2015 va a derogar gran parte de la Ley 30/1992 y de la Ley del Gobierno, diversos preceptos de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, de la Ley 50/2002, de Fundaciones, de la Ley General Presupuestaria y del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, entre otras.

Deja un comentario