Ley de Contratos del Sector Público

En el BOE de 9 de noviembre de 2017 se publica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 201

 Principales novedades:

La LCSP entiende que la contratación pública no es solo un fin, sino una herramienta estratégica al servicio, especialmente, de objetivos sociales, ambientales y de innovación.

Ámbito Subjetivo: Incluye a los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales a los que se somete a instrucciones de contratación, que deben respetar los principios de la contratación pública.

Tipología de los Contratos del Sector Público: La transposición de la Directiva de concesiones ha supuesto que la LCSP haya suprimido el contrato de gestión de servicios públicos, y que ahora diferencie nítidamente entre contratos de servicios y concesiones de servicios. La LCSP emplea la denominación genérica de contratos, pero bajo dicho nombre encuadra tanto a los contratos (de obras, suministro, y servicios, además de a los contratos especiales) como a las concesiones (de obras y de servicios). Y la diferencia entre contratos y concesiones se encuentra en el riesgo operacional que es de necesaria presencia en éstas (art. 14.4). También desaparece el contrato de colaboración público-privada.

Reducción del importe de los contratos menores: Se pasa de 50.000 a 40.000 euros en el caso de obras, y de 18.000 a 15.000 euros para los de suministros y servicios. Además, se ha intensificado su publicidad.

Procedimientos más transparentes: En aras de hacer los procedimientos lo más transparentes posible, el método de trabajo a implantar simplificará todos sus mecanismos: desde el procedimiento previo a la licitación pasando por la documentación que las empresas concursantes tienen que entregar. Además y en este mismo sentido, “se obligará a las administraciones a publicar todos los trámites que se integren en el proceso de contratación”: el documento, sus modificaciones, cesiones, las actas de valoración de las ofertas o los expedientes previos de preparación.

La contratación será íntegramente electrónica. Ello incluye no solo las notificaciones sino, especialmente, la presentación en formato electrónico de las ofertas. Además se unifica la publicación de las licitaciones en la plataforma de contratos del sector público, abandonándose los concretos perfiles del contratante como emplazamiento de las licitaciones.

Preocupación por las PYMES:

  •  Se simplifican las exigencias documentales por medio de la declaración responsable.
  • Obligatoriedad de dividir en lote los contratos públicos, siempre que sea posible.
  • Se exige que la solvencia requerida sea proporcionada al objeto del contrato. La solvencia se puede integrar por medios externos, y se imponen reglas para su proporcionalidad. Para su acreditación se contienen normas en el caso de exigencias de cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental. Se mantiene la clasificación, que es imperativa sólo para los contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros (art. 77).
  • Se da la posibilidad a los estamentos públicos a abonar a las subcontratas que formen parte de un gran proyecto de infraestructura. Eso sí, previamente se ha debido recoger esta posibilidad en el pliego de condiciones. Para acabar con la morosidad que tradicionalmente ha existido entre este sector y los organismos públicos, se ha redactado otra obligación concreta que tendrán los licitadores: las obras no se podrán certificar en más de 30 días una vez estén culminadas.

Clausulas Sociales: Obliga a prever de forma preceptiva y transversal criterios sociales. Ello se complementa con la definición que se ofrece de vinculación con el objeto del contrato. Ahora se señala que existirá vinculación con el objeto del contrato especialmente cuando se trate de prestar el contrato de forma socialmente justa, lo que en la práctica va a generar que siempre existirá vinculación con el objeto y, en definitiva, siempre será posible la inclusión de criterios sociales. Por otra, el cumplimiento de las obligaciones de carácter social provoca la exclusión de las empresas incumplidoras. Esta preocupación social alcanza también a los colectivos más desfavorecidos, que deben ser también discriminados positivamente en la contratación pública. A tal efecto se refuerza la regulación de la reserva de contratos a estos colectivos. E incluso, el art. 11.6 excluye de la LCSP aquellas vías de prestación de servicios sociales actualmente existentes y que no se amparan propiamente en un contrato. Ver Disposición Adicional 48ª

Novedades desde el Punto de Vista Laboral:

  • Imposición de aplicar las condiciones del convenio colectivo sectorial a las empresas que liciten
  • Subrogación en los contratos de trabajo

Prohibiciones de contratar (Art. 71 y ss ) e Importancia de tener implantado un Plan de Prevención de Delitos “COMPLIANCE” Así, el Art. 72.5 de la Ley establece: “No procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar cuando, en sede del trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa en la causa de prohibición acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución administrativa de las que derive la causa de prohibición de contratar, siempre y cuando las citadas personas hayan sido declaradas responsables del pago de la misma en la citada sentencia o resolución, y la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al programa de clemencia en materia de falseamiento de la competencia”.

Entrada en Vigor de la mayor parte de la Ley: 9 de marzo de 2018

 

 

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