NUEVA SENTENCIA TS SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

La Sentencia del Tribunal Supremo (TS) nº 221/2016, de 16 de marzo de 2016, se suma a la reciente Sentencia 154/2016, de 29 de febrero, perfilando y delimitando la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El TS comienza señalando la complejidad del tema, como se vio enla Sentencia154/2016, en la que el voto particular recoge la opinión de varios magistrados que difieren de algunas cuestiones jurídicas relativas al régimen de responsabilidad de las personas jurídicas.

En este caso, el TS analiza el derecho a la presunción de inocencia de las personas jurídicas, que supone que la acusación debe probar, para desvirtuarlo, la comisión de un delito por alguna de las personas físicas mencionadas en el artículo 31 del Código Penal. Pero además tendrá que acreditar que ese hecho ilícito que da lugar a la responsabilidad individual de la persona física se ha cometido por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a las personas jurídicas. Ello implica que una vez acreditado el delito cometido por la persona física no puede presumirse la existencia de un defecto organizativo.

Es preciso recordar que “la persona jurídica no es responsable penalmente de todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas físicas a que se refiere el artículo 31 bis 1 b). Sólo responde cuando se hayan “…incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso“”. El derecho a la presunción de inocencia obliga al Fiscal a acreditar la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, sin perjuicio de los medios probatorios de que puede valerse la persona jurídica para demostrar la legalidad de su funcionamiento.

Respecto a la figura del representante de la persona jurídica en el proceso penal, el TS señala, siguiendo la argumentación contenida en la Sentencia 154/2016, que no puede existir conflicto de intereses entre la persona física y la persona jurídica, lo que supondría un perjuicio para una u otra. Si bien será la casuística la que establezca las pautas para evitar el conflicto de intereses, únicamente la constatación de que esa identidad ha producido un perjuicio implicaría la declaración de vulneración del derecho de defensa, que no se da en el caso enjuiciado.

Entre otros motivos, la persona jurídica recurrente sostiene que se ha producido indefensión por la falta de una imputación en forma de la persona jurídica. El TS parte del principio de que la responsabilidad de las personas jurídicas sólo puede declararse tras un proceso con todas las garantías. No se trata de una responsabilidad objetiva, pues solo puede imponerse una pena a la persona jurídica cuando se declare probado un hecho delictivo propio.

El artículo 409 bis del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Leyde Enjuiciamiento Criminal establece que “cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, se tomará declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su Abogado. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización“. La sentencia hace dos precisiones: la declaración presupone “una imputación formal, previa o simultánea”; se trata de una averiguación sobre los elementos organizativo-estructurales que han posibilitado un fallo de los mecanismos de control y gestión. Si bien la responsabilidad de la persona jurídica se asienta sobre la comisión de un delito por la persona física, exige una indagación por el Juez instructor de la efectiva operatividad de los modelos de prevención, respetando de esta forma el principio de culpabilidad.

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