RETROACCIÓN DE LAS ACTUACIONES ANTE LA VULNERACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

La sentencia de 15 de febrero de 2016 del Tribunal Constitucional se pronuncia sobre un aspecto que carecía de doctrina, como es la retroacción de las actuaciones en su encaje con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Los hechos examinados por el Tribunal Constitucional tuvieron lugar cuando un menor de edad fue agredido por un compañero del colegio, también menor. Tras incoarse expediente, el fiscal convino en que se reparara el daño extrajudicialmente mediante la realización de una actividad educativa, por lo que el Juzgado de Menores acordó el sobreseimiento de las actuaciones.

Interpuesto recurso de apelación por el tutor del menor agredido, la Audiencia Provincial de Madrid señaló que se había producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española, ya que la acusación particular no pudo participar en el procedimiento. Aun así, la Audiencia declaró que no resultaba procedente retrotraer las actuaciones al momento de la personación, ya que prevalece el principio de non bis in idem manifestado en el derecho del menor imputado a no ser objeto de una doble persecución penal.

El Tribunal Constitucional reconoce la posibilidad de que la retroacción de las actuaciones colisione con otros derechos, bienes y valores constitucionales, debiendo ponderarse dichos derechos en conflicto, respetando su contenido y aplicando el principio de proporcionalidad. Esto es, la reparación de la infracción de los derechos vulnerados no conlleva en todo caso la nulidad del procedimiento judicial y la repetición del mismo careciendo “de toda eficacia reparadora la declaración de la existencia de la lesión”. Ello es debido a que en determinados casos esa declaración de la existencia de la lesión constituye per se la reparación del derecho fundamental invocado, pues constituye no solo una reparación moral, sino que puede dar lugar a una futura indemnización, como ocurre en el supuesto examinado.

A lo expuesto hay que añadir que en el procedimiento penal de menores rige el principio de interés superior del menor y por tanto, se debe modular la intensidad de los derechos de la acusación particular. Con anterioridad al sobreseimiento del procedimiento penal, el menor expedientado había realizado la actividad educativa acordada, que equivale a la medida que le hubiera correspondido de haber continuado el proceso y haberse dictado sentencia. Además, el tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos y la excesiva prolongación del proceso habrían perjudicado al menor expedientado.

El Tribunal Constitucional confirma, pues, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid y concluye que con la decisión de no retrotraer las actuaciones no se ha lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva de la acusación particular.

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