Sentencia del TJUE. Imposibilidad de encadenar contratos temporales

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-16/15, Pérez López/Servicio Madrileño de Salud) examina el caso de una enfermera que fue contratada en un hospital madrileño para realizar servicios de naturaleza temporal o extraordinaria, siendo renovado posteriormente su nombramiento en numerosas ocasiones y de forma continua.

La enfermera interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución de cese y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid solicita al TJUE que aclare si la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud vulnera el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, de 18 de marzo de 1999. La Ley 55/2003 permite la celebración de contratos de duración determinada sin establecer límite temporal alguno ni el número de renovaciones o nombramientos permitidos.

La sentencia del TJUE considera que la norma española vulnera el derecho de la Unión al permitir la renovación de nombramientos temporales para atender necesidades que en realidad son permanentes. El Acuerdo marco mencionado impone a los Estados miembros la obligación de regular al menos una de las tres cuestiones siguientes: las razones objetivas que motiven la renovación de dichos contratos, la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo de duración determinada y el número de sus renovaciones.

Aunque la sustitución temporal de trabajadores para atender necesidades de duración determinada puede ser una razón objetiva, el TJUE señala que los nombramientos de duración determinada no pueden renovarse para cubrir funciones permanentes incluidas en la actividad normal del personal estatutario fijo, pues la finalidad del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada es evitar una situación de precariedad de los trabajadores por cuenta ajena.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, el TJUE declara que la Ley 55/2003 infringe el Acuerdo marco al permitir la renovación de nombramientos de duración determinada para cubrir necesidades permanentes.

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