Sentencia del TJUE. Requisitos para reclamar indemnización al Estado si un Juez no aplica el Derecho de la UE

Señala la Sentencia del TJUE de 28 de julio de 2016 (asunto C-168/15) que un Estado miembro responde por los daños causados a un particular derivados de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional siempre que éste resuelva en última instancia y haya infringido manifiestamente el Derecho de la UE o la jurisprudencia del TJUE.

Siguiendo la jurisprudencia del TJUE en esta materia, la sentencia indica que se deriva responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares por cualquier violación del Derecho de la UE, con independencia de la autoridad nacional responsable. También rige la responsabilidad del Estado en los casos en los que la violación del Derecho de la UE se haya producido por una resolución de un órgano jurisdiccional nacional en última instancia. En estos supuestos, se causa un perjuicio a un particular al no aplicar el Derecho comunitario, que debe ser reparado por el Estado.

Para que los particulares puedan reclamar la reparación del daño, deben darse tres requisitos:

-          Que la norma vulnerada confiera derechos a los particulares.

-          Que la violación de la norma esté “suficientemente caracterizada”, es decir, que se haya infringido de forma manifiesta el Derecho aplicable, para lo cual se analizarán una serie de indicios (grado de claridad y precisión de la norma, amplitud del margen de maniobra que la norma deja a las autoridades nacionales, intencionalidad de la vulneración o de los daños causados, carácter excusable o no de un posible error de derecho, el hecho de que la postura adoptada por una institución de la UE contribuyera a la adopción de medidas contrarias al Derecho comunitario, incumplimiento por el órgano jurisdiccional de su obligación de plantear la cuestión prejudicial al TJUE). En todo caso, se entiende que la violación está suficientemente caracterizada si se ha producido con un desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del TJUE.

-          Que la violación y el daño estén vinculados por una relación de causalidad directa.

Será el juez nacional, sostiene la sentencia, el que determine la concurrencia de los requisitos, y le corresponderá a cada Estado miembro reparar las consecuencias del daño causado, respetando los principios de equivalencia y efectividad.

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