Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2016 (Rec. 3625/2014), sobre la interrupción de la prescripción en materia tributaria

En sentencia de 27 de enero de 2016 el Tribunal Supremo vino a arrojar luz sobre un tema que había generado corrientes distintas en los Tribunales Superiores de Justicia, como es el relativo a la prescripción del derecho a liquidar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al no haberse interrumpido por la Administración al liquidar el concepto de Transmisiones Patrimoniales, cuyo hecho imponible es diferente del concepto que fue objeto de efectiva liquidación.

El Tribunal Supremo empieza analizando el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda mediante la oportuna liquidación (artículo 66.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) a través del análisis del artículo 68 de dicha norma (dedicado a la interrupción del plazo de prescripción). Para que opere la prescripción tienen que darse dos requisitos: que haya silencio en la relación jurídica (el artículo 68.1. a) hace referencia a la interrupción “por cualquier acción de la Administración Tributaria”), y que la norma jurídica reconozca la prescripción que se declara.

 

No obstante lo expuesto, en el caso enjuiciado no existe actuación administrativa, ya que la actividad de la Administración fue encaminada a la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que es completamente diferente del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, aunque se regulen en la misma norma. La liquidación practicada por el concepto de Actos Jurídicos Documentados, es por tanto una liquidación ex novo, producida cuando ya había transcurrido el plazo de prescripción, por lo que la actuación de la Administración al liquidar por Transmisiones Patrimoniales no puede considerarse como interruptora del plazo de prescripción.

 

 El Tribunal Supremo basa su argumentación en que “si para interrumpir la prescripción en el caso de impuestos distintos e incompatibles bastara la actividad de la Administración aún cuando fuera en cualquier actuación desacertada o errónea, hubiera sido suficiente que en la modificación de la redacción del artículo 68 de la Ley General Tributaria por Ley 7/2012, de 13 de octubre, se indicara que la interrupción de la prescripción se produce “aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta”. Sin embargo, resulta patente que no ha sido así, sino que la referida Ley exige que esa actuación tenga su origen en una incorrecta declaración del obligado tributario”. Al tratarse de impuestos distintos, solo la actuación errónea de la Administración basada en la incorrecta declaración del obligado tributario interrumpe la prescripción, excluyéndose los supuestos en los que la causa sea otra distinta.

 

Concluye la sentencia señalando que al haber transcurrido más de cuatro años desde la realización del hecho imponible hasta la liquidación por el concepto de Actos Jurídicos Documentados, el derecho de la Administración a la determinación de la deuda tributaria prescribió.

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