Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de marzo de 2016, declarando inconstitucionales algunos artículos de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea de Extremadura contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En la sentencia, de 8 de marzo de 2016, el Tribunal Constitucional determina que la finalidad de la Ley 27/2013 es garantizar la eficiencia en el uso de los fondos públicos locales y racionalizar la Administración local para lograr su sostenibilidad y estabilidad presupuestaria. La sentencia declara la constitucionalidad de la mayor parte de los preceptos impugnados basándose en la competencia del Estado sobre las bases del régimen local, recogida en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española (en adelante, CE). Este título competencial habilita al Estado para la aprobación de normas básicas que incluyan criterios de racionalidad económica para cumplir los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y estabilidad presupuestaria (artículos 32.1, 103.1 y 135.2 CE).

 

Respecto a aquellos preceptos que se refieren al mapa local, el Tribunal Constitucional señala la competencia del Estado para diseñar el modelo municipal, establecer exigencias de población y territorio, facilitar las fusiones voluntarias y limitar la creación de entes locales menores. Así, la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 27/2013, que prevé la supresión de las entidades locales menores cuando no presenten sus cuentas a la Comunidad Autónoma o al Estado, excede los límites de la competencia estatal al predeterminar al órgano autonómico que debe acordar la disolución y la forma que debe adoptar dicha decisión, ya que son cuestiones de organización administrativa de la Comunidad Autónoma. También declara la inconstitucionalidad del párrafo tercero de la Disposición Transitoria 11ª que señala el órgano autonómico que tiene que iniciar y resolver el expediente de disolución de las mancomunidades.

 

Por lo que se refiere a las competencias locales, las Disposiciones Transitorias 1ª, 2ª y 3ª y la Disposición Adicional 11ª, que prohíben a las Comunidades Autónomas atribuir a los municipios servicios de asistencia social y atención primaria a la salud, y regulan el proceso de traspaso a las Comunidades Autónomas, el Tribunal declara que son contrarios a la Constitución por haber invadido el Estado las competencias autonómicas en materia de asistencia social y atención primaria a la salud, pues solo las Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que los municipios las desarrollen. El Tribunal resuelve la contradicción en la que incurre la Ley 27/2013, que por una parte impone a las Comunidades Autónomas obligaciones de descentralización de servicios y por otra de centralización de los mismos, al concluir que no se impone a las autonomías una prohibición de descentralización que pudiera vulnerar la Constitución.

 

En cuanto al plan económico-financiero que deben ejecutar las entidades locales cuando incumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria o de deuda pública o la regla de gasto, el Tribunal establece que la Ley 27/2013 complementa la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sin incumplir la reserva de ley orgánica del artículo 135 CE.

 

En lo que atañe al sistema de compensación financiera según el cual el Estado, sin ser el acreedor, puede aplicar retenciones a las Comunidades Autónomas cuando éstas incumplan sus obligaciones de pago frente a los municipios, el Tribunal declara la inconstitucionalidad del artículo 1.17 de la Ley 27/2013, que funciona como una cláusula de garantía autorizando al Estado a aplicar deducciones y a poner las cantidades retenidas a disposición de la entidad local acreedora. Dado que dicha cláusula opera al margen de la voluntad de las partes, incide en las relaciones financieras del Estado con las Comunidades Autónomas, sin haberse regulado mediante ley orgánica como prescribe el artículo 157.3 CE.

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