Caducidad del expediente administrativo (Sentencia Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2015)

La interpretación de los artículos 42, apartados 1 y 2, y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regulan la obligación de la Administración de resolver y el silencio administrativo en procedimientos iniciados de oficio, llevó a los tribunales a señalar que, iniciado de oficio un procedimiento susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen al interesado y producida la caducidad, el hecho de que la Administración dictara una resolución de fondo equivalía a una nueva iniciación de la actuación administrativa. Sigue leyendo