USO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA EMPRESA

La Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el 3 de marzo de 2016, sobre el uso de cámaras de videovigilancia en la empresa, tiene su origen en la instalación por parte de una empresa de una cámara de videovigilancia en la tienda en la que trabajaba la recurrente en amparo. La instalación de la cámara se llevó a cabo sin previa comunicación a los trabajadores, aunque se colocó el distintivo informativo en un lugar visible del escaparate. La trabajadora recurrente fue despedida días después por haber sustraído efectivo de la caja de la tienda en varias ocasiones.

El TC señala que la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en delante, LOPD), contempla el principio general de que el tratamiento de los datos personales requiere el consentimiento de sus titulares, salvo que exista habilitación legal en contrario. No obstante, en el ámbito laboral el consentimiento del trabajador se entiende implícito en la relación laboral si el tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento del contrato que vincula a las partes. A sensu contrario, el consentimiento expreso del trabajador es imprescindible cuando el tratamiento de datos se utilice para un fin ajeno al cumplimiento del contrato. Sin embargo, la sentencia precisa que aunque no sea necesario el consentimiento, existe un deber de información que posibilita por parte del afectado el ejercicio de sus derechos de acceso, cancelación y oposición, de conformidad con el artículo 5 dela LOPD. En los casos en que el consentimiento sea necesario, el incumplimiento de la obligación de recabar dicho consentimiento “sólo supondrá una vulneración del derecho fundamental a la protección de datos tras una ponderación de la proporcionalidad de la medida adoptada”.

El tratamiento de las imágenes obtenidas mediante las cámaras instaladas en la empresa no requiere el consentimiento expreso del trabajador por tratarse de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral, ya que hay consentimiento implícito en la aceptación del contrato de trabajo, que supone reconocer y aceptar las facultades de control del empresario reguladas en el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Leydel Estatuto de los Trabajadores. El único límite que se establece en el ejercicio de esas facultades es que se circunscriban al ámbito legal y respeten los derechos fundamentales de los trabajadores. Para ello, en cada caso se deben ponderar los bienes constitucionales en conflicto, esto es, el derecho a la protección de datos del trabajador y el poder de dirección empresarial necesario para garantizar la buena marcha de la empresa, como ocurrió en el asunto Barbulescu vs. Rumanía examinado enla Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de enero de 2016.

La Instrucción1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Españolade Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, exige en su artículo 3 que se cumpla el deber de información cuando se instalen dichos sistemas de videovigilancia, a través de la colocación en las zonas videovigiladas de un dispositivo informativo que se halle en lugar visible. En el caso objeto de recurso, la empresa había colocado el distintivo en el escaparate de la tienda, por lo que la parte recurrente podía conocer la existencia de las cámaras y la finalidad para la que habían sido instaladas. Lo relevante es determinar si el dato obtenido se ha utilizado para el control de la relación laboral o al margen del cumplimiento del contrato, es decir, si el empresario está obligado o no a solicitar el consentimiento de los trabajadores.

El TC recuerda que cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales debe superar el juicio de proporcionalidad, que se escinde en tres condiciones: el juicio de idoneidad (si es susceptible de conseguir el objetivo propuesto), el juicio de necesidad (si no existe otra medida más moderada para conseguir el objetivo con la misma eficacia) y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto (si la medida es equilibrada porque genera más ventajas que perjuicios).

En suma, el TC indica que la trabajadora contaba con información previa de la instalación de cámaras de videovigilancia mediante el distintivo informativo y el tratamiento de las imágenes respondía al control de la relación laboral, siendo la instalación de las cámaras una medida justificada, idónea, necesaria y equilibrada, por lo que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad personal.

Deja un comentario